En 2014, la Fiscalía de Morelos arrojó en fosas comunes a más de 200 personas que fueron asesinadas, sin investigar qué les pasó o quiénes eran.
Meses después, madres mexicanas buscando a sus hijos desaparecidos descubrieron el uso indebido de las fosas de Jojutla y Tetelcingo, y exigieron su apertura y la identificación de todos los cuerpos. El gobernador Graco Ramírez y el entonces fiscal Javier Pérez Durón contestaron inmediatamente que se trataba de personas a quienes nadie estaba buscando.
En 2016 y 2017, colectivos de familiares de desaparecidos participaron directamente durante dos semanas exhumando los cuerpos de las fosa de Tetelcingo y Jojutla. Las anotaciones y dibujos que las madres hicieron sobre cada cuerpo hablan de innumerables negligencias y crímenes al enterrar: el gobierno enterró gente vestida, no investigó por qué los cuerpos tienen señas de tortura y violencia, o por qué había niñas en la fosa. Se trata de fosas comunes usadas ilegalmente por las autoridades.
Gracias al esfuerzo de las madres de Regresando a Casa Morelos y otros colectivos, hoy sabemos que en las fosas comunes sí hay desaparecidos. Trece cuerpos han podido ser recuperados por sus familiares y faltan muchos más por ser reconocidos. Además, aún hay personas que permanecen enterradas en la fosa de Jojutla.
